A partir del 1 de agosto de 2025, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) obliga a todos los bancos chilenos a eliminar las tarjetas de coordenadas en favor de sistemas de autenticación reforzada digital, dejando un plazo hasta el 1 de julio de 2026 para la implementación completa en transacciones sensibles como transferencias, cambios de clave o modificaciones de datos personales.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la Norma de Carácter General Nº 538, que marca el cese definitivo del uso de tarjetas de coordenadas por parte de entidades financieras en Chile . A partir del 1 de agosto de 2025, este método queda oficialmente prohibido, en una medida que busca sustituirlo por sistemas de autenticación más seguros y modernos.
Estas tarjetas, basadas en datos impresos estáticos, están consideradas vulnerables ante técnicas de fraude como el phishing y ataques de tipo “man‑in‑the‑middle”. En su lugar, la norma exige que los bancos implementen mecanismos de Autenticación Reforzada de Cliente (ARC), que combinan al menos dos factores independientes, entre ellos claves o PIN (conocimiento), tokens o apps (posesión) y verificación biométrica o de comportamiento (inherencia) .
El uso obligatorio de ARC para operaciones sensibles —como transferencias electrónicas, actualización de datos personales, cambios de contraseña y enrolamiento de dispositivos de confianza— comenzará a regir el 1 de julio de 2026, otorgando un periodo de transición de casi un año para que las entidades adapten sus plataformas tecnológicas y capaciten a sus clientes .
Diversos bancos ya han avanzado en este proceso. Instituciones como Banco de Chile, Santander, Scotiabank e Itaú han adoptado aplicaciones móviles de autenticación digital —como Mi Pass, ScotiaPass Digital o Santander Pass— que cumplen con los requisitos de la nueva regulación y ofrecen una experiencia más fluida y segura .
La CMF también advirtió que los emisores de medios de pago serán responsables ante posibles perjuicios que puedan sufrir los usuarios por incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad. Asimismo, las instituciones podrán enfrentar sanciones administrativas en caso de no adaptarse a lo acordado .
Este cambio normativo representa un paso relevante hacia la modernización del sistema financiero chileno. Al eliminar un método considerado obsoleto, se fortalece la protección del usuario, se agilizan las operaciones digitales y se promueve una autenticación más inteligente y adaptativa, ajustándose al perfil y grado de riesgo de cada transacción .