Fiscalía investiga 17 hechos de violencia en La Araucanía vinculados a traslado de comuneros en Angol

El Ministerio Público de Alta Complejidad indaga una serie de ataques que se habrían originado como respuesta al traslado de seis comuneros involucrados en el secuestro de gendarmes.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía se encuentra investigando al menos 17 hechos de violencia rural que se habrían registrado en la región durante el presente mes. Estas acciones violentas estarían directamente vinculadas al traslado de seis comuneros desde la cárcel de Angol, quienes previamente protagonizaron el secuestro de tres funcionarios de Gendarmería en dicho recinto penitenciario.

La vocera de la Fiscalía en La Araucanía, Nelly Marabolli, confirmó la cifra de 17 hechos que están siendo investigados como posibles represalias o consecuencias directas del traslado de los seis comuneros. Este hecho puntual, según el Ministerio Público, habría desencadenado una ola de ataques en distintos puntos de la región, generando preocupación por un posible recrudecimiento de la violencia rural.

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, se refirió a la situación, señalando la importancia de que, cuando las autoridades coinciden en la presencia de actos de carácter terrorista en la zona, exista una voluntad política firme y decidida para combatirlos de manera efectiva. Sus declaraciones apuntan a la necesidad de una respuesta coordinada y contundente por parte de las instituciones del Estado.

En la misma línea, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, expresó su preocupación por la continuidad de la tendencia de actos violentos en la región, señalando que esta problemática se ha mantenido constante durante los últimos tres años, afectando la seguridad y el desarrollo de la zona.

En un intento por brindar apoyo a las víctimas de la violencia rural, el delegado presidencial, José Montalva, anunció una medida orientada a la rebaja de contribuciones para los dueños de predios que han sido objeto de usurpaciones. Esta iniciativa busca aliviar la carga económica que enfrentan los propietarios afectados por la ocupación ilegal de sus terrenos.

El anuncio del delegado presidencial implica la posibilidad de solicitar de manera excepcional al Servicio de Impuestos Internos (SII) una rebaja de hasta un 90% en el pago de las contribuciones correspondientes a aquellos predios que cuenten con denuncias formales por usurpación, ya sea de carácter violento o no violento. Esta medida se presenta como un apoyo concreto a los afectados por esta problemática en la región.

La investigación de los 17 hechos de violencia por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad busca esclarecer los detalles de cada incidente, identificar a los responsables y determinar la conexión directa con el traslado de los comuneros desde la cárcel de Angol. El avance de estas indagatorias es crucial para comprender la dinámica de la violencia rural en la región y adoptar las medidas necesarias para su contención.