El Ministerio Público acusa al excandidato presidencial de haber presentado más de 23 mil firmas falsas ante el Servel para inscribir su postulación en 2021. La investigación también involucra a otras cinco personas y contempla delitos de fraude electoral, falsificación de instrumento público y usurpación de identidad.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó una pena total de 15 años de cárcel contra el excandidato presidencial Diego Ancalao Gavilán, acusado de liderar una operación de falsificación masiva de firmas para inscribir su candidatura independiente a La Moneda en las elecciones de 2021.
De acuerdo con la acusación presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ancalao concurrió el 23 de agosto de 2021 a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para formalizar su candidatura, acompañando una nómina de 35.297 patrocinios ciudadanos.
Según detalló el Ministerio Público, 12.136 respaldos fueron obtenidos mediante firma electrónica simple a través de la plataforma oficial del Servel, mientras que otros 23.161 apoyos fueron presentados en formato físico y supuestamente validados ante notario. Sin embargo, la investigación estableció que 23.135 de esas firmas físicas eran falsas.
La Fiscalía sostiene que los formularios no fueron completados por las personas que figuraban como patrocinantes, además de contener domicilios inexistentes y firmas falsificadas. Parte de los documentos incluso aparecían certificados con la firma y timbre de un notario fallecido meses antes de la inscripción de la candidatura.
El ente persecutor asegura que Ancalao actuó en coordinación con otras cinco personas para reunir fraudulentamente los apoyos necesarios exigidos por la ley electoral. Entre los imputados figuran Denisse Olivares, Fabián Olivares, Nataly Vega, Max Bustamante y Gonzalo López, este último actualmente prófugo de la justicia.
La acusación incluye los delitos de fraude electoral, falsificación reiterada de instrumento público y usurpación masiva de identidad, en uno de los casos más graves vinculados a irregularidades en procesos electorales recientes en Chile.
El caso se remonta a agosto de 2021, cuando el Servel rechazó la candidatura presidencial de Ancalao tras detectar inconsistencias en los patrocinios presentados, desatando un amplio cuestionamiento público a la entonces Lista del Pueblo, movimiento político que respaldaba su postulación.
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